Hace algunos días la Diputada Nacional y enóloga Susana Balbo presentó un proyecto en el congreso para modificar la Ley de Vinos.
En su proyecto Balbo propone derogar el primer artículo de la Ley 14.878 que señala que “la producción, la industria y el comercio vitivinícola en todo el territorio de la Nación quedan sujetos a las disposiciones de la presente ley general de vinos y de su reglamentación”. Además, señala que el INV “bajo ningún concepto… podrá interferir, regular o modificar el funcionamiento del mercado libre”, un párrafo que genera dudas en el sector.
También propone disolver el Consejo Directivo que integra el INV y reduce la estructura a presidente y vicepresidente, entre otros cambios.
Ante esto, aparecieron voces en contra y a favor. La industria defiende la propuesta y el sector productivo está en contra.
Ley de Vinos http://www.inv.gov.ar/inv_contenidos/pdf/legislacion/Ley14878.pdf
Pero para entender de que se trata esta modificación les dejo un artículo que lo explica claramente publicado en Diario LosAndes de Mendoza.
Ley de Vinos: qué hay que modificar y qué debe mantenerse
El proyecto que ingresó en el Congreso propone la puesta en marcha de la vinificación diferida, menos tasas, usar agua e importar.
El proyecto que apunta a modificar el marco regulatorio desde la definición de vino, por un lado, y por otro facultar al INV con funciones que le den mayor injerencia en el eslabón productivo y comercial de la vitivinicultura, sin dudas encendió la mecha.
Las críticas contra la propuesta de la enóloga, bodeguera y diputada nacional Susana Balbo desde algunas entidades no se hicieron esperar, mientras que quienes parecen estar a favor optaron por el silencio. Pero, a la hora de la reforma, ¿qué aspectos tienen más consenso?
Las aguas, como en muchos otros temas que disparan la polémica dentro de la industria, rápidamente se dividieron. Mientras las bodegas avalan incipientemente la posibilidad de hacer vino todo el año y disponer así de volúmenes, el sector primario, por la misma razón, rechaza de plano la fermentación diferida del mosto por su potencial impacto en los precios que tanto les costó recuperar, no sin evaluar un eventual impacto en el acuerdo diversificador entre Mendoza y San Juan que está a punto de cumplir 24 años.
En medio de la discusión, un experto en derecho vitivinícola y docente universitario consignó que “lo bueno hay que mantenerlo y lo malo debe cambiarse, independientemente de las cuestiones políticas; desde lo estrictamente técnico”.
En tal sentido, para la especialista “lo bueno pasa por preservar la naturalidad del vino, que es un tema para los bodegueros. Entre lo modificable está lo que hoy se ubica fuera de concepto actual de mercado, en relación a la tendencia en cuanto al mosto, azúcar y la graduación alcohólica”.
Asimismo, destaca que, a su criterio, las funciones del INV, que la ley 14.878, sancionada en 1959, consagra, no deberían alterarse sustancialmente. Al contrario, lo aconsejable sería que el organismo siguiera concentrándose en el contralor técnico y la promoción de la vitivinicultura, funciones asignadas desde su origen.
Innovación, para unos y otros
Si bien Carlos Tizio, presidente del INV, evitó hacer declaraciones en principio acerca de ése y otros aspectos que vuelven a ponerse sobre el tapete, la industria empieza a fijar posición.
“La ley habla del vino como el producto derivado de la uva fresca y madura, pero ya durante la gestión del ingeniero Martínez al frente del Instituto se autorizó el uso de mosto virgen. Salvo ese punto, personalmente considero que la ley no debería modificarse sustancialmente”, señaló el presidente de Bodegas de Argentina, Walter Bressia.
Respecto de la posibilidad de contar con vino todo el ciclo comercial acorde a las necesidades, para Bressia “hay que pensar seriamente en la fermentación diferida, que no está contemplada en la norma. Aunque podría hacerse sin cambiar la ley, beneficiaría a la oferta actual de vinos blancos, con productos frescos y frutados todo el año, lo que representa innovación”.
Pero el concepto de “innovación” también sirve como argumento inverso por parte del sector primario. Es que los productores coinciden en que si algo hay que cambiar no es la definición de vino sino la admisión de distintos tipos de productos que favorezcan a toda la cadena.
“Así como la ley sirvió para regular la elaboración de terceros, ahora hay que frenar el lobby para la fermentación diferida que atenta contra el productor, y directamente contra el acuerdo Mendoza-San Juan. Existen distintas propuestas para asegurarse vino y bajar los precios”, analizó Sebastián Lafalla, presidente de la Cámara de Agricultura de Tupungato.
A su criterio, la innovación implica “rever vinos de otra graduación alcohólica, que también tienen que demandar los mismos industriales que los elaboran, así como con mayor contenido de azúcar por litro de modo que se ayude a incrementar el consumo.
La verdad es que, más allá de la «refrescancia» como nuevo concepto de mercado, la verdad es que después del bag in box no se ha innovado mucho”.
En caso de avanzar en una reforma integral de la 14.878, el sector pide que se convoque a una mesa de consenso para discutirlo. Por lo pronto, el no a la refermentación permanente es rotundo.
“Motivará un excedente permanente y permitirá que la industria maneje la variable precio. Incluso con la chance de importar mosto sulfitado para vinificar”, redondeó Lafalla.
La grieta
Mientras el titular de Coviar y de la Cámara de Bodegueros de San Juan, Ángel Leotta, al menos se mostró proclive a la modificación de la norma al afirmar que “categóricamente hay que cambiar una ley de más de 50 años”, desde la Asociación de Viñateros Independientes de la vecina provincia rechazaron la propuesta para modificar la Ley de Vinos.
La AVI consideró que cambiar “la constitución de vino implicaría un perjuicio para la rentabilidad de los productores”. Observó que, sin discusión de fondo, se favorecerá a los grandes industriales “porque nunca sabríamos qué vino hay disponible”.
En coincidencia con sus pares mendocinos, la Asociación también prevé, si prospera la reforma en ciertos términos, el fin del acuerdo Mendoza-San Juan.
Otros puntos polémicos del proyecto de reforma
El uso del agua en soluciones de productos enológicos, el aval a la importación y la eliminación de la obligatoriedad de la sobretasa del 7% que la industria aporta de la comercialización de vino al INV son, junto a los cambios en las facultades del organismo, los restantes aspectos del proyecto de ley de la diputada Balbo que pueden considerarse controversiales.
En realidad, la iniciativa mixtura sustitución de artículos con la derogación directa de otros. Por ejemplo, propone que la industria no pague la sobretasa comercial del 7% que recauda el INV.
Por otra parte, da un aval implícito al uso de agua en ciertas aplicaciones, algo hasta ahora terminantemente prohibido por la 14.878. Además, incursiona en la tan discutida práctica de la importación de volúmenes. De ese modo, sustituye el inciso e) del artículo 20 de la norma vigente.
También incorpora el 23 en el nuevo proyecto que prohíbe “la fabricación, tenencia, anuncio, exposición, oferta o venta, de cualquier producto o mezcla enológica, destinada a modificar o aromatizar mostos o vinos, a curar o encubrir sus defectos o enfermedades”.
Como todo cambio produce dudas, porque como bien sabemos una cosa es lo que dice la ley y otra será la interpretación que se haga de esa ley y su implementación.
Habrá que esperar al 2018 para ver que sucede.
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