Como relataba en la entrada anterior el desarrollo de la industria vitivinícola atravesó por varios cambios  hasta ir acercándose a lo que es hoy la realidad.

«A lo largo del siglo y hasta la década de 1970, este modelo productivo no varió y se acentuaron muchos de sus rasgos negativos: gran producción de baja calidad -salvo puntuales excepciones- destinada a un mercado nacional altamente protegido; y fuerte intervención estatal -esta vez mayoritariamente nacional- para atenuar numerosas y reiteradas crisis. La más grave de ellas, en los años 30, motivó, por ejemplo, la erradicación de 17.000 ha de viñedos y la superficie cultivada permaneció sin variantes hasta 1944. Paradojas de la historia, la superficie implantada con promoción fiscal a fines del XIX, desaparecía en la década del 30 como efecto de la crisis, destruida por el mismo poder estatal que había contribuido a crearla.

Otras crisis posteriores provocaron la destrucción de vinos o elaboración forzada de derivados (vinagres, mostos concentrados o la destilación de caldos para obtener alcohol), la fijación de cupos de comercialización, adquisición de excedentes por parte del Estado, etc. En esta dirección, el Gobierno de Mendoza incorporó a su patrimonio la gran empresa vitivinícola GIOL en 1954, alcanzando la figura de Estado-empresario. El objetivo era regular el mercado de vinos y defender a los viñateros sin bodega. Por otra parte, el Instituto Nacional de Vitivinicultura establecía políticas para el sector en todo el país, ejercía poder de policía, controlaba la genuinidad de los caldos, determinaba cupos de producción y comercialización.

La privatización de Bodegas y Viñedos GIOL Sociedad del Estado, llevada a cabo a fines de los 80 por el gobierno de la provincia, significó un notable cambio político-institucional que acompañaría las grandes transformaciones que registra la vitivinicultura mendocina.

En la misma década del ’80 se llevó a cabo la reconversión vitivinícola impulsada por el Estado provincial y organismos técnicos clave como el INTA y el INV– propugnó la sustitución de uvas y vinos “comunes” o “de mesa” por uvas para la elaboración de vinos “finos” o de “alta calidad”.

Para 1996 la superficie con viñedos era de 143.764 ha y las cepas varietales para vinos finos ya alcanzaban el 35%, frente a la masa sin clasificar que caracterizaba la viticultura hasta los años 70.

En departamentos reconocidos por la excelente aptitud de sus suelos, los cepajes finos son dominantes (66 por ciento en Tupungato y 70 por ciento en Luján).

Según lo expresado por Facundo Martín, en su tesis de Maestría en FLACSO, tal proceso se inscribió en una “reestructuración” más profunda, que no puede comprenderse fuera del contexto de transformación de tres escalas interrelacionadas: la provincial, signada por la crisis del modelo vitivinícola precedente; la nacional, caracterizada por la apertura y desregulación económica de los años ’90, y la global, determinada por los cambios mundiales en las formas de producción, la segmentación de los mercados y el predominio de agentes económicos transnacionales y las mutaciones registradas en los sistemas agroalimentarios.

Enmarcada en las nuevas reglas de juego a nivel nacional y global, la reestructuración implicó  una transformación profunda y acelerada de la estructura del sector. Sus principales características pueden sintetizarse en: 1) fuerte entrada de capitales extranjeros, produciendo un proceso de concentración y extranjerización vía fusiones y adquisiciones de fincas y bodegas preexistentes y pertenecientes a “familias tradicionales”, incorporando también inversiones, especialmente después de la devaluación del 2002; 2) innovaciones tecnológicas en la producción primaria e industrial y mayores controles sobre el proceso de trabajo, centrados en la “calidad”; 3) reorientación de una parte de la producción hacia vinos de alta calidad destinados a la exportación; 4) creciente integración vertical de las bodegas con viñedos propios.

Estas transformaciones recientes se generalizaron en el marco de políticas neoliberales aplicadas por el gobierno nacional, que condujeron a la apertura irrestricta de la economía argentina y a la desregulación de la actividad vitivinícola en todo el país desde fines de 1991.

Todos estos cambios mejoran la calidad de los vinos -y esto se comprueba en los centenares de premios internacionales obtenidos por empresas de Mendoza-, aunque generan otros problemas. En efecto, como consecuencia del fenómeno globalizador, se está produciendo un proceso de transferencia de empresas líderes de capitales locales (Balbi, Cavas de Santa María, Etchart, Flichman, Martins, Norton, Premier, Santa Ana, Toso, Weinert, Nieto y Senetiner, Grupo Peñaflor-Trapiche, por mencionar algunas) a grandes grupos extraprovinciales, casi mayoritariamente transnacionales

No obstante, algunos grupos empresariales locales o del resto del país altamente capitalizados y diversificados, junto a empresarios medianos, invierten en vitivinicultura.

Ahora bien, la reestructuración y globalización no fue de ningún modo homogénea entre actores y territorios ni benefició a todos por igual. Tampoco se trató de dos modelos (con eje en la “calidad” o en la “cantidad”) que se sucedían en el tiempo, sino que coexistían en tensión e interrelación, en el marco de un nuevo balance de poder entre grupos sociales y regiones. El marco de la cantidad no ha abandonado la escena sino que se encuentra dominado en ciertos aspectos por el marco de la calidad.

Como indicador sintético de las transformaciones verificadas, podemos sostener que si bien actualmente la producción de vinos comunes sigue siendo mayoritaria en volumen (80%) y facturación (más de 2/3 del total) constituye un mercado en baja, de menor rentabilidad y dinamismo. Por su parte, la orientación hacia el mercado externo (históricamente insignificante) se multiplicó 10 veces entre el ’90 y el ’97 , continuando su espiral ascendente luego de la devaluación del 2002.

Al fuerte protagonismo del Estado -nacional y provincial- entre 1870 y 1970, es decir de la política, se contrapone hoy la debilidad del compromiso estatal, reducido a una limitada aportación en la promoción del sector vitivinícola. La política parece cada vez más subsumida en lo económico.

Para terminar, estamos presenciando la formación de un modelo nuevo que se va imponiendo globalmente desde las economías avanzadas del planeta, deseosas de capturar con su capitales porciones de cualquier mercado que ofrezca alta rentabilidad. Y en este sentido, Mendoza (también San Juan), puede llegar a constituir una enorme fuente de renta. Sin embargo, al perfilarse esta nueva división internacional del trabajo, parece perderse la capacidad de acumulación regional ­y nacional- y el poder de decisión sobre el espacio y la economía. 

Como podemos observar, el avance en la vitivinicultura en los últimos 100 años ha sido acelerado y diverso. Cabe preguntarnos entonces: ¿Hacia donde irá la industria del vino en los próximos 100 años?

No estamos en condiciones de asegurar nada, ya que en cuestiones de calidad y avance tecnológico podríamos avisorar que los cambios cada vez serán mayores, pero los mismos nunca van aislados de las políticas económicas del Estado.

Como no estuve hace 100 años y  no estaré en los próximos, disfruto de este momento del vino. El mejor. Sin olvidar su historia y la participación de todos los protagonistas.

Algún día este momento ya será historia.

Salud.

Fuente: Roberto Richard-Jorba, Bárbara Altschuler y Patricia A. Collado